Siguen acumulándose los litigios contra la enmienda normativa que endureció el proceso de destitución de jueces, fiscales y defensores oficiales. La organización que nuclea a los destinatarios directos de esa ley, la Asociación de Magistrados de Tucumán, pidió a la Corte Suprema provincial que impida que los jueces acusados de mal desempeño sean suspendidos en forma automática.
La norma cuestionada, que fue sancionada en la penúltima sesión legislativa del año pasado a instancias del oficialismo, también quitó a la magistratura la facultad de recusar (apartar) a quienes deben juzgarlos: los miembros de la comisión de Juicio Político y del Jurado de Enjuiciamiento.
El de la Asociación de Magistrados es el cuarto pleito que impugna la misma enmienda. Antes habían requerido la fulminación de los nuevos institutos los opositores Luis Brodersen (ProA), y Silvia Elías de Pérez y José María Canelada (UCR), y el Colegio de Abogados de la Capital. Sólo los radicales dirigieron su demanda a la Cámara en lo Contencioso Administrativo: los demás acudieron directamente ante la Corte (en principio, todos los litigios terminarían radicándose allí).
El alto tribunal aún no se expidió en ninguno de los expedientes mencionados (algunos de ellos reclaman la emisión de una medida cautelar). Además, tramitan en ese ámbito otros procesos contra la ley que dividió el Ministerio Público, y emancipó a los órganos resultantes de los controles que ejercía la propia Corte, y contra la norma que reformó el fuero laboral.
El oficialismo sancionó estos cambios legales polémicos durante los últimos dos meses. La Asociación de Magistrados que preside la camarista Marcela Ruiz anunció a la Corte local que, si es necesario, acudirá al máximo tribunal del país y a los estrados internacionales para eliminar una modificación que hiere, entre otros principios constitucionales, la igualdad ante la ley y la garantía de independencia judicial.